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La organización señala que una llegada masiva de litigios podría retrasar casos estratégicos de telecomunicaciones y competencia económica
Por: Redacción
MundoDeHoy.com | DiarioDelaCiudad.mx, Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026 .- La atención de miles de juicios de amparo vinculados con el registro y una eventual suspensión de líneas de telefonía móvil podría comprometer la capacidad de respuesta de los tribunales especializados y postergar la resolución de controversias con implicaciones para la competencia económica, la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico en México. Así lo advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México).
Los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones fueron establecidos para atender disputas que demandan conocimientos técnicos específicos. Entre los asuntos que corresponden a su ámbito se encuentran los conflictos entre compañías de telecomunicaciones, determinaciones regulatorias, concentraciones económicas, prácticas anticompetitivas y controversias relacionadas con el funcionamiento de los mercados.
El impacto de una carga extraordinaria de litigios
La eventual recepción masiva de amparos por la falta de registro de líneas móviles podría llevar al límite la operación de estos órganos. De acuerdo con ICC México, una sobrecarga de expedientes de esta naturaleza tendría como consecuencia que casos técnicamente complejos fueran resueltos con mayor demora, aun cuando sus determinaciones tienen efectos directos en la competencia, la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.
La organización precisó que su planteamiento no pretende restringir el derecho de los usuarios a recurrir ante la justicia ni anticipar una conclusión sobre la procedencia o validez de sus reclamaciones. Su preocupación se concentra en que los órganos especializados atiendan de manera prioritaria aquellos procedimientos en los que realmente deba resolverse una controversia que involucre aspectos técnicos de la regulación en telecomunicaciones y radiodifusión.
Desde esta perspectiva, ICC México consideró pertinente que las autoridades judiciales definan criterios claros y homogéneos que permitan separar una controversia técnica o regulatoria en telecomunicaciones de un planteamiento individual relacionado con el registro o la suspensión de una línea telefónica.
La organización expresó además su preocupación por que estos tribunales terminen rebasados por litigios numerosos que, en algunos casos, no requieran conocimientos técnicos especializados. El efecto señalado sería una menor oportunidad en la resolución de asuntos estratégicos y un incremento de la incertidumbre jurídica para las empresas, con repercusiones sobre la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico.
Justicia especializada y actividad económica
Para ICC México, conservar la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales especializados resulta necesario para mantener una justicia pronta y expedita en sectores considerados fundamentales para la economía nacional. La organización subraya que la saturación judicial no se limita a la acumulación de expedientes: también puede traducirse en decisiones empresariales postergadas, inversiones detenidas, controversias regulatorias pendientes y un mayor nivel de incertidumbre entre los participantes de los mercados.
Ante este escenario, la organización llamó a las autoridades judiciales competentes a determinar de manera oportuna los criterios de competencia y, cuando corresponda, implementar mecanismos para ordenar la distribución de los asuntos. Entre las opciones mencionadas figuran acuerdos generales del Órgano de Administración Judicial, con los que se buscaría, por una parte, asignar adecuadamente los casos a los órganos jurisdiccionales correspondientes y, por otra, favorecer una resolución rápida de los juicios de amparo.
ICC México reiteró su disposición para aportar experiencia técnica y participar en el fortalecimiento del marco jurídico e institucional del país, con el propósito de mantener un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos de los usuarios y la continuidad de la justicia especializada.
D.E.
