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El organismo propone autoridades preparadas, criterios previsibles y mecanismos ágiles de revisión
Por: Redacción
MundoDeHoy.com | DiarioDeLaCiudad.mx, Ciudad de México, 7 de octubre de 2026 .- La revisión de operaciones de capital extranjero vinculadas con sectores estratégicos puede coexistir con una política de atracción de inversiones, siempre que el nuevo esquema opere con criterios previsibles, transparencia y capacidad técnica. Esta es la posición de la International Chamber of Commerce México (ICC México) ante la reforma a la Ley de Inversión Extranjera que, tras su aprobación en el Senado de la República el pasado 30 de septiembre, se encuentra ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados.
El cambio legislativo incorpora un mecanismo de revisión a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para determinadas operaciones que pudieran representar implicaciones para la seguridad nacional. La organización considera que la discusión en la Cámara de Diputados constituye una oportunidad para precisar su funcionamiento y evitar cargas procedimentales que puedan incidir de manera negativa en las decisiones de inversión.
Alcances del nuevo mecanismo
Entre las operaciones sujetas a autorización se encuentran aquellas en las que un inversionista extranjero busque adquirir, de manera directa o indirecta, más de 49 % del capital de una empresa mexicana, siempre que ésta participe en actividades consideradas sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible, y que sus activos rebasen el monto que establezca la propia Comisión.
Para ICC México, la seguridad nacional constituye un objetivo legítimo; sin embargo, el funcionamiento del nuevo régimen deberá descansar en parámetros objetivos y transparentes para impedir que se convierta en un factor de incertidumbre para quienes analizan establecer capital en el país.
La organización recordó que procedimientos de esta naturaleza ya están presentes en Estados Unidos y Canadá y sostuvo que México puede aprovechar este proceso para impulsar una mayor coordinación en América del Norte, particularmente frente a la relocalización de cadenas de suministro y las oportunidades que este fenómeno representa para el país.
Capacidad institucional y reglas operativas
ICC México advierte que la existencia de normas claras no basta por sí misma. Por ello, considera indispensable fortalecer a la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, que participa como Secretaría Técnica de la CNIE, con presupuesto, herramientas tecnológicas y personal especializado capaz de evaluar operaciones que involucren dimensiones jurídicas, económicas, tecnológicas y de seguridad nacional.
Dentro de sus observaciones a la reforma, la organización plantea cuatro líneas de atención: establecer con precisión cuáles operaciones tendrán que ser revisadas y hacer más sencillo el trámite para aquellas de menor riesgo; permitir consultas confidenciales antes del inicio formal de un procedimiento; garantizar que las empresas conozcan las preocupaciones de la autoridad y puedan plantear alternativas para atenderlas; y generar información pública sobre el funcionamiento del mecanismo, sin poner en riesgo información confidencial o relacionada con la seguridad nacional.
También considera necesario que las nuevas disposiciones mantengan congruencia con los compromisos internacionales adquiridos por México en el T-MEC, el CPTPP, el Acuerdo Global con la Unión Europea y otros instrumentos de protección a las inversiones.
Seguridad e inversión como objetivos compatibles
Para ICC México, proteger los intereses estratégicos del país y conservar el atractivo para la inversión extranjera no son propósitos incompatibles. A su juicio, un sistema sustentado en reglas previsibles, autoridades técnicamente preparadas y procedimientos ágiles puede atender las consideraciones de seguridad nacional y, al mismo tiempo, preservar la confianza de los inversionistas.
La organización manifestó su disposición a participar con su experiencia en el análisis que desarrolla la Cámara de Diputados y, posteriormente, colaborar en la definición de los criterios y reglas requeridos para instrumentar las nuevas disposiciones.
D.E.
