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DiariodelaCiudad.mx.- El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, promulgó el instrumento rector que norma la actividad de valuación de bienes en las operaciones inmobiliarias de la administración pública de la Ciudad de México, con el fin de transparentarlas, modernizar los procesos y proteger el erario público.
La Gaceta Oficial del Distrito Federal publica hoy el Acuerdo por el que todos los órganos de la administración pública, incluyendo las delegaciones, quedan obligados a seguir los nuevos conceptos y criterios para determinar el valor en operaciones de compraventa, donación, afectación, permuta, además de la contraprestación de bienes inmuebles bajo modalidades como el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), las Bases de Colaboración (Medio Ambiente), las concesiones, entre otras.
Para ello, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, adscrita a la Oficialía Mayor (OM), realizará contratos de prestación de servicios profesionales con diversos colegios de profesionistas para que -auxiliados por peritos valuadores calificados- elaboren los avalúos y determinen el valor real en las operaciones sobre el patrimonio inmobiliario de la CDMX.
La OM difundirá en su portal web el listado de colegios de profesionistas con los que celebre contrato de prestación de servicios y el nombre de los peritos, además de las operaciones inmobiliarias efectuadas para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes.
Para determinar el valor real, los peritos realizarán una exhaustiva investigación de mercado con base en cinco métodos descritos en el anexo del Acuerdo, entre los que destaca el método de Negocio en Marcha.
Para el estudio, análisis y estimación del valor de bienes inmuebles en el mercado, el anexo precisa otros dos conceptos fundamentales empleados en la práctica valuatoria nacional e internacional: los tipos de valor de la propiedad –comercial, valor neto de reposición, de capitalización, comparativo de mercado, de oportunidad- y los principios económicos– de la oferta y la demanda, de sustitución, de mejor y mayor uso, homogeneidad o conformidad.
Respecto a los avalúos que determinen la contraprestación a pagar por el uso, goce y aprovechamiento de inmuebles propiedad del Distrito Federal, el cálculo considerará la utilidad, ingresos, egresos, la potencialidad y el riesgo del proyecto de aprovechamiento o negocio a desarrollarse.
El presente acuerdo entrará en vigor mañana y sus disposiciones no serán aplicables en operaciones inmobiliarias con la administración pública federal, estatal y asociaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, cuya constitución sea mayor a 3 años.
