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- Empresarios del sector piden al Congreso una ley efectiva para evitar la informalidad y riesgos en la seguridad pública
MundoDeHoy.com .- Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) instan al Congreso de la Unión a establecer una regulación clara y efectiva para la seguridad privada en el país. Advierten que la fragmentación normativa y la falta de una ley general han fomentado la informalidad en el sector, generando riesgos tanto para la seguridad pública como para la privada. Además, alertan que esta situación ha permitido que el crimen organizado utilice empresas de seguridad como fachada, evidenciando la urgencia de corregir la distribución de competencias y garantizar un marco regulatorio sólido.
Una distribución de competencias ineficaz.
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada en la Comisión es tibia e inconsistente, ya que subordina a la Federación frente a los Estados, generando duplicidades y contradicciones legales. De acuerdo con la propuesta, la Federación regula a las empresas que operan en más de una entidad, mientras que los Estados supervisan a las locales, pero, al mismo tiempo, la iniciativa exige a las empresas tramitar autorizaciones federales y luego cumplir con regulaciones estatales que suelen ser excesivas o contradictorias.
“Hoy enfrentamos un marco jurídico obsoleto y fragmentado, con una Ley Federal que ya no responde a la realidad del país, 32 leyes estatales y cientos de reglamentos municipales que se contraponen entre sí. Hemos identificado más de 500 contradicciones que generan incertidumbre jurídica y limitan el desarrollo del sector formal,” afirmó Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME.
Una ley general pendiente y un entorno propicio para la informalidad.
La ausencia de una Ley General de Seguridad Privada ha generado un entorno de regulación fragmentada que fomenta la informalidad y la competencia desleal en el sector. Esta falta de control no solo dificulta la supervisión de las empresas, sino que también abre la puerta para que grupos delictivos utilicen a la seguridad privada como un escudo para operar sin restricciones. “Es alarmante que, sin una regulación efectiva, el crimen organizado pueda aprovechar estos vacíos legales para encubrir sus actividades”, advirtió Zúñiga Salinas.
El peso del sector en la economía nacional.
La seguridad privada es un sector clave para la estabilidad económica y laboral del país. Hoy genera alrededor de 450 mil empleos formales, lo que representa cerca del 2% de los registros del IMSS, y agrupa a más de 8 mil empleadores, creciendo a ritmos superiores a la media nacional.
“Somos un sector estratégico, pero también somos un sector que exige certeza jurídica para operar de manera eficaz y responsable”, subrayó el líder empresarial.
Lo que demanda la industria formal.
ASUME sostiene que la solución es clara: expedir una Ley General de Seguridad Privada que unifique criterios, elimine la dispersión normativa y permita establecer una regulación nacional clara, moderna y funcional.
El sector formal exige que esta nueva legislación:
- Elimine requisitos inconstitucionales, como los exámenes de control de confianza.
- Clarifique las competencias entre Federación y Estados, evitando la duplicidad de regulaciones.
- Reconozca la labor coadyuvante de la seguridad privada, sin confundirla con funciones de autoridad pública.
- Diferencie las reglas según los tipos de servicios, considerando la diversidad del sector (seguridad tecnológica, transporte de valores, protección ejecutiva, etc.).
Una industria lista para ser aliada del Estado.
“México no puede seguir operando bajo un esquema normativo que incentiva la informalidad y deja sin herramientas a las autoridades para sancionar a quienes incumplen. Necesitamos una ley moderna y eficaz que fomente la profesionalización, la transparencia y la colaboración con el Estado”, enfatizó Zúñiga Salinas.
ASUME reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con el Congreso, el Gobierno Federal y las instancias correspondientes para impulsar una ley que brinde certeza jurídica, fomente la regularización del sector y refuerce la confianza de la ciudadanía en los servicios de seguridad privada.
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